Solicitar un indulto parece que está de moda. El expresidente del Sevilla José María del Nido y el extorero José Ortega Cano han sido los últimos en sumarse a esta nueva corriente de intentar eludir el cumplimiento de una condena con esta medida de gracia que concede el Consejo de Ministro. El indulto es una medida totalmente excepcional pero que se ha convertido en la esperanza de muchos penados a la vista de los datos que maneja la Fiscalía sevillana. El año pasado se registraron 447 peticiones de indulto en Sevilla, una cifra muy abultada si se compara con los 146 que se plantearon en 2007. Ya en 2012 la cifra se elevó hasta los 360.
Esto supone que en seis años se haya triplicado el número de peticiones. Pero ¿qué ha pasado para que las solicitudes de indulto se hayan disparado de esta forma? Pues es la misma pregunta que se hacen en la Fiscalía, que tiene la obligación de emitir un informe en todos los casos en el que exponga si apoya o rechaza la petición, donde la única explicación lógica que encuentran es el efecto llamada. El teniente fiscal del Ministerio Público en Sevilla, Alfonso Demetrio Sánchez, cree que tras este importante incremento puede haber varios factores. El primero es la posibilidad de suspender el ingreso en prisión mientras el Consejo de Ministros resuelve, una estrategia que en el caso de Ortega Cano no le ha funcionado salvo que si recurre a la Audiencia ésta le conceda la suspensión.
El segundo es que como no hay que pagar tasas por pedirlo, muchos condenados utilizan esta opción como último recurso por si pueden lograr evitar la prisión o al menos reducir la condena si le otorgan el parcial. Pero esta medida siempre ha estado ahí y no es hasta hace pocos años cuando se ha comenzado a reclamar de forma masiva. Es ahí donde el fiscal ve que ha podido influir el efecto llamada, antete la difusión dada por los medios de comunicación a indultos otorgados a ciertos personajes de la vida pública como banqueros o políticos. Probablemente el ver que a algunos condenados se le ha otorgado hace que muchos se animen a solicitarlo, señala Sánchez que, junto con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, se encarga de realizar los informes del Ministerio Público sobre todos los indultos presentados en la provincia.
Sin embargo, el indulto no es una vía ordinaria, si no que se trata de una medida de gracia de carácter excepcional, como recuerda el Ministerio de Justicia en su página web, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Por eso de todas las solicitudes presentadas en Sevilla, solo el 2% cuenta con el informe favorable del fiscal. Son casos muy excepconales, dice Sánchez, quien pone como ejemplo, casos como el de personas que han cometido un robo o han traficado con drogas y que son condenados al cabo de varios años cuando ya tienen una familia, un trabajo y no han vuelto a delinquir. En estos supuestos no tiene sentido que entre en la cárcel cuando ya está reinsertado.
Pero el fiscal no es el único que informa cuando se solicita un indulto, pues también tiene que hacerlo la parte contraria, en el caso de que exista acusación particular, y el magistrado que haya dictado la sentencia. Todos esos documentos son remitidos al Consejo de Ministros que, con toda esta información decide si otorgarlo o no. La decisión se basa en estos informes, aunque es el Gobierno el que tiene la última palabra y puede adoptar la decisión que crea, aunque sea contraria a la del fiscal y a la del juez porque, además, el Consejo de Ministros no tiene que motivarlo, antes si era necesario.
En cuanto a los delitos sobre los que se piden más indultos, hay de todo, afirma. Robos, tráfico de droga, delitos contra la seguridad vial, malos tratos, los más habituales, explica. Pero no solo los los condenados puden reclamar la concesión de esta medida de gracia, sino que también lo pueden hacer los familiares e incluso el propio juez o el tribunal que lo haya sentenciado. El juez tiene que fijar las penas que el Código Penal establece, pero hay casos para los que estas son muy rígidas, es entonces cuando el magistrado propone en la misma sentencia el indulto total o parcial.
